Esa es la intención del Gobierno con el Real Decreto que está elaborando y que pronto verá la luz: que las Mutuas tenga la competencia para gestionar las altas por enfermedad común.

La razón que lo justifica es los retrasos que existen por parte de los profesionales de la Seguridad social para responder a los requerimientos de alta que hacen las Mutuas y que impiden que, a juicio de las Mutuas, un trabajador que ya está apto para trabajar siga de baja por enfermedad común debido a la falta de respuesta.

Hasta ahora las Mutuas solo podían proponer el alta médica a la Seguridad social pero no realizarla directamente, cuando la razón de la baja era por causa no relacionada con el trabajo.

Con este proyecto de ley se pretende que las Mutuas asuman el control en un campo hasta ahora parcialmente vetado, el de las enfermedades comunes, ya que sobre las profesionales tienen ya asumida la competencia.

Esta nueva reforma laboral que se aprobará en breve supone otra destrucción más de los derechos de los trabajadores al dejar que manos privadas decidan si el trabajador está o no apto para trabajar.

¿En qué casos?

Cuando está de baja por prescripción de un facultativo de la Seguridad social y realizada a éste propuesta de alta, por parte de la Mutua, se da el silencio como respuesta. Situación bastante peligrosa que deja al trabajador en manos de lo que un médico de una empresa privada dictamine.

Las Mutuas que se regulan como entidades sin ánimo de lucro y que colaboran con la Seguridad social tienen en realidad un claro interés económico y a pesar de las múltiples condiciones y controles que tienen para ejercer su actividad, obtienen beneficios reduciendo costes. Y tener un trabajador de baja cobrando una prestación, siendo sometido a una intervención quirúrgica o asistiendo a rehabilitación les supone una pérdida de capital que deben evitar en la medida de lo posible.

Se sigue apostando, por tanto, por el proceso de destrucción de todas las protecciones que hasta hace poco tiempo tenía la clase trabajadora. Lógicamente esta medida volverá a no contar con el apoyo de ningún grupo parlamentario ni de la mayor parte de una ciudadanía cada vez más apática y disconforme con la actual política de recortes.

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